Según ha explicado hoy Oltra en rueda de prensa en el Parlamento valenciano, "esta es una ley para dar una portazo a las puertas giratorias por las que cargos públicos se pasan a la empresa privada".
Entre otras medidas esta Proposición de Ley establece que durante los cinco años siguientes al cese de un cargo público no pueda ofrecer sus servicios, ni formar parte de empresas relacionadas con las competencias del cargo ocupado, ni ejercer de papel mediador en que pueda provocar un conflicto de intereses con la función desempeñada.
La propuesta parte de la idea de que la corrupción no sólo se combate llevando a los tribunales a los responsables, sino que hay que evitar que alguien pueda llegar a corromperse.
Según argumenta Oltra en la exposición de motivos de esta proposición de ley "la
Esta Proposición de Ley establece incompatibilidades y obligaciones para los cargos
públicos tanto durante su mandato como después del cese de su cargo. Así, entre otros, durante el mandato las personas con cargo público no podrán celebrar contratos por ellos mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellas o sus familias hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, directa o indirectamente, que afectan al sector en el que presta servicios.
Durante los cinco años siguientes a la fecha de su cese, las personas que ejerzan cargos no podrán ofrecer sus servicios ni ejercer cualquier otro papel mediador, remunerado o no, que pudiera provocar un conflicto de intereses con la función desempeñada o formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas ni relacionadas con las competencias del cargo ocupado.
Registro Valenciano por la Ética en el Ejercicio de Cargo Público
Con esta proposición también se crearía el Registro Valenciano por la Ética en el Ejercicio de Cargo Público que recogería los datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que desempeñen cargos públicos no electos.
Las funciones de este Registro son recibir y custodiar las declaraciones y documentación de las personas con cargo público, dictaminar sobre la compatibilidad entre las actividades, patrimonio y bienes y el ejercicio del cargo público, requerir a las personas con cargo público en situación de incompatibilidad para regular su situación o abandonar el ejercicio del cargo, incoar y llevar a cabo sanciones disciplinarias cuando se requiera en aplicación de los preceptos de la presente Ley, realizar un informe anual y poner en conocimiento de la fiscalía situaciones de posible ilícito penal inmediatamente después de que se tenga conocimiento.
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