Fabra había venido manteniendo un calculado silencio en relación con este hecho, puesto en la diana por la fiscalía anticorrupción en el escrito en el que acusa a la exconsellera, al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y al expiloto de motociclismo Jorge Martínez 'Aspar', en relación con la adquisición, por un euro, de la empresa Valmor, creada para organizar la celebración de la Fórmula 1 en Valencia, por la firma pública Circuit del Motor, asumiendo así una deuda de casi 50 millones de euros. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Fabra admitió ayer que la consellera había presentado informes y había hecho lo necesario para tratar de impedir que la administración autonómica tuviera que hacer frente una penalización que él mismo estimó por encima de los 70 millones de dólares.
A Fabra se le preguntó si se había sentido engañado por la exconsellera, porque fue precisamente ese término, el del engaño, el que utilizó Anticorrupción en su escrito. El presidente de la Generalitat y del PP valenciano evitó contestar de forma tajante a la pregunta, aunque del contenido de la respuesta se entiende que Johnson sí que trasladó a los miembros del Consell la información respecto a cuál era la situación financiera de Valmor -debía 14 millones de euros por el montaje del circuito y otros 31 millones a otros proveedores-.
Las trascendencia de las declaraciones del presidente arranca del hecho de que la decisión de comprar Valmor se adoptó ya bajo su mandato. En concreto, el pleno del Consell se reunió el 9 de diciembre de 2011 -Fabra había accedido al cargo en julio-. La tesis defendida por el fiscal en su escrito fue que Johnson ocultó la información sobre el coste que para las arcas públicas tendría la adquisición de Valmor. «Toda la explicación se realizó de manera oral sin que mostrara ni un solo documento que avalara sus pretensiones», aseguró el ministerio público.
Si tal y como señaló ayer Fabra sí que existió información por parte de Johnson al resto de miembros del Consell, la denuncia de Anticorrupción se tambalearía porque se basa precisamente en ese supuesto engaño. Con la junta general de accionistas enterada de las condiciones de la compra, la responsabilidad de la operación financiera ya no recaería únicamente sobre los hombros de la exconsellera, sino sobre los miembros del Ejecutivo que hubieran tenido conocimiento de esos informes. Del actual Gobierno valenciano, sólo Fabra, el vicepresidente José Císcar y la titular de Infraestructruras, Isabel Bonig, permanecen de aquel Gobierno que en diciembre de 2011 adoptó aquella decisión.
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