La juez imputa a parte de la cúpula de ACS por delito ambiental en Castor

El Juzgado de Primera Instancia de Vinaroz ha decidido imputar a 18 personas por el caso Castor. Entre ellas, figuran los representantes del consejo de la compañía promotora, propiedad de ACS y Escal.

Según consta en las cuentas de la compañía, el máximo órgano de Gobierno de Castor estaba encabezado por Recaredo del Potro -representante del grupo canadiense- por el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau (representante de ACS), José Alfonso Nebrera (director de ACS Servicios industriales) Cristóbal González Wiedmair (director financiero de ACS servicios industriales), Luis José Rein (director de Cobra), Ramón Jiménez, (director de Tedagua), Alfonso Aguirre (asesor jurídico de ACS Industrial) así como a Harold P. Gordon (presidente de Dundee Energy) y Jaffar Khan.

El tribunal además ha decidido imputar a los ex directores generales de Energía, Jorge Sanz y Antonio Hernández, por dar las autorizaciones a esta instalación. Sanz encargó el informe al Instituto Geológico y Minero (IGME) que validó el proyecto en 2007 y Hernández lo declaró de interés general.

En dicho informe, recoge el auto, se constata que no existía ninguna referencia a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén o a la posibilidad de inducir terremotos. Por ese motivo, la juez ha decidido imputar al firmante del informe del IGME, Jesús Gómez de las Heras, junto a otros responsables como José A. Fernández Sanchez, Roberto Rodríguez Fernández y José Pedro Calvo.

La segunda de las acusaciones se dirige contra los responsables de otorgar en 2009 la Declaración de Impacto Ambiental. La jueza ha citado como imputados al redactor de la DIA, José Manuel Escanilla (ex consejero técnico de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental); a Miguel Aymerich Huyghues, que otorgó su conformidad, y a la ex directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez Sancho.

El auto recoge un informe de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente en la que se dice que Escal "no sólo no aporta estudio alguno,", tal y como indicamos desde el Economista, sino que "se aparta de la actuación responsable, puesto que el órgano ambiental le exigió que los efectuara". Dicho informe de la Fiscalía añade su "extraordinaria" sorpresa porque no se insistiera en esta necesidad.

eleconomista