El punto más conflictivo es el que abre la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos quemados, algo que enla normativa actual, de 2003, está prohibido durante los 30 años posteriores a un incendio. “Existe el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la construcción en zonas quemadas”, aseguró Ecologistas en Acción.
El artículo 50 del proyecto de ley incluye una excepción a la prohibición general: las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Para SEO/BirdLife, esto genera inseguridad jurídica porque se trata de conceptos “abiertos a interpretación” que podrían abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hace una lectura muy diferente: se trata de impedir que un fuego intencionado pueda impedir actuaciones de interés general..
Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, admitió que existe la posibilidad de que ocurra lo que denuncian los ecologistas, pero aseguró que es muy remota. “El cambio de uso no es tan sencillo. El texto prevé que se haga mediante una ley autonómica, en un proceso público. Tienen que concurrir razones de interés público de primer orden”, subrayó.
elpaís
El artículo 50 del proyecto de ley incluye una excepción a la prohibición general: las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando se den “razones imperiosas de interés público de primer orden”. Para SEO/BirdLife, esto genera inseguridad jurídica porque se trata de conceptos “abiertos a interpretación” que podrían abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hace una lectura muy diferente: se trata de impedir que un fuego intencionado pueda impedir actuaciones de interés general..
Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, admitió que existe la posibilidad de que ocurra lo que denuncian los ecologistas, pero aseguró que es muy remota. “El cambio de uso no es tan sencillo. El texto prevé que se haga mediante una ley autonómica, en un proceso público. Tienen que concurrir razones de interés público de primer orden”, subrayó.
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