El cabreo cambia de bando por el inicio de la pieza Fitur de Gürtel

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de fijar el  31 de marzo para comenzar el juicio por la pieza de Fitur del “Caso Gürtel” ha enfurecido al PP. Hay un clamor contra el TSJ: “es una canallada

Los teléfonos de Presidencia, Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el cuartel general del PP, y múltiples despachos de abogados están ardiendo. La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de fijar el martes 31 de marzo para comenzar el juicio por la pieza de Fitur del “Caso Gürtel” ha enfurecido al PP. Hay un clamor contra el TSJ. Un alto cargo del Gobierno me dice que “es una canallada. Estaba previsto para octubre y lo fijan para marzo para reventarnos la campaña de las Municipales y Autonómicas. Van a por nosotros”.

La decisión del TSJ de Valencia es consecuencia esencialmente, según fuentes judiciales, de presiones de la fiscal Miriam Segura, y está adoptada por unos magistrados que, a la vista de su trayectoria, no simpatizan precisamente con los populares. Y no es solo que el juicio arranque el martes santo, sino que las 37 sesiones se van a prolongar hasta el 8 de octubre. Siete meses de calvario para el PP, siete meses de portadas y titulares negativos.

La del stand de Fitur es la tercera de seis piezas separadas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano. Las acusaciones son por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos y enriquecimiento injusto. Los acusados que ocuparan el banquillo de los acusados son las ex consejeras de Turismo con Francisco Camps, Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda) y Angélica Such; el ex número dos de la consejería, Rafael Betoret; la ex coordinadora de Ferias, Ana Grau; el ex jefe de servicios Isaac Vidal, y Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.

Fuentes del Partido Popular valenciano consideran que se trata de una decisión política que daña gravemente nuestros intereses”. En la sede de Génova los calificativos hacia el TSJ son gruesos, pues consideran que “una vez más en este caso, en algunas instancias judiciales priman los intereses políticos sobre el esclarecimiento de la verdad”.

En la sede de la madrileña calle Génova hay muchos nervios, y algunos consideran que “si ponemos un circo nos crecen los enanos. A ver cómo hacemos una campaña, y no solo en Valencia, con un juicio de estas características ocupando portadas cada día”.

Además hay mucho temor en el PP y el Gobierno a que los acusados, en su defensa, puedan aportar documentos o hacer manifestaciones que comprometan gravemente al PP no sólo en el ámbito autonómico sino en el nacional: “en algunos hay ganas de revancha, de venganza, y puede ser su momento. No hay derecho a que nos hagan esto”, me comentaba desolado un alto cargo popular minutos después de conocerse la decisión.

Desde esta tarde hay personas interpuestas que han recibido sugerencias para que hagan gestiones de cara a tratar de encontrar argumentos para que se modifique la fecha del juicio, pero fuentes judiciales consideran que a estas alturas, adoptada ya la decisión y señalado el 31 de marzo de modo oficial, va a ser imposible moverla.

ermundo