La decisión, que debe tomarse entre el 12 y el 22 de enero, tiene ahora un ingrediente nuevo: la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que les adelantó el pasado domingo EL MUNDO y que provocó horas de tertulias en las principales televisiones nacionales mientras a nivel local imperaba el silencio.
El asunto va mucho más allá de los bolsos o regalos de lujo. Tiene un doble fondo de mucho calado, tanto político -como hemos visto- como judicial, que vamos a intentar explicarles.
Todo se remonta al año 2001. El Ayuntamiento de Valencia venía reclamando a Feria Valencia el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al entender que era una actividad privada, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respondió en 2001 que la Feria era «un consorcio de naturaleza pública» y que actuaba «en el ámbito de competencia de los servicios municipales». Por eso, y tras años pleiteando, el TSJ en sentencia firme denegó que tuviese que pagar IAE. Era una actividad de una empresa pública.
El asunto tiene doble fondo porque Rita era al mismo tiempo demandante como alcaldesa y demandada como presidenta del Patronato de la Feria. Por lo tanto, su implicación en el asunto era máxima y directa. Sin embargo, la Feria desoyó la sentencia y siguió actuando como empresa privada en sus contrataciones, con regalos de lujo y gastos sin control impropios de una administración pública.
Por si no había quedado claro, en 2013 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia también dejó claro el caracter público de la Feria en un conflicto entre la Federación de Comerciantes del Mueble y la empresa Teyoland que alquiló parte de las instalaciones feriales.
Además, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía también determinaron en 2013 que la Feria era empresa pública, criterio que venía apoyando desde hace años la Sindicatura de Cuentas que reclamaba la contabilidad de la institución para fiscalizarla.
Ante tan abrumador consenso de todos los organismos y ante la obligación de incluirla en sus cuentas, la Generalitat encargó este año un informe a su Intervención General para conocer los detalles de lo que tenía que asumir como propio. Y fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien pidió directamente y por sorpresa el informe al Interventor adelantándose a un posible maquillaje político. Ahí comienza la investigación de la Justicia.
Esa situación alteró mucho a Barberá. Su presión fue tal que el propio Interventor pidió amparo a la Fiscalía de Valencia quien, en un hecho insólito aquí y amparándose en una resolución del Fiscal General del Estado -dimitido recientemente por las fuertes presiones recibidas en varios ámbitos-, convirtió al Interventor de la Generalitat en perito de parte de la Fiscalía, es decir, no debe obedecer órdenes políticas sino judiciales. Le protegió de la presión.
Rafael Navarro en elmundo
El asunto va mucho más allá de los bolsos o regalos de lujo. Tiene un doble fondo de mucho calado, tanto político -como hemos visto- como judicial, que vamos a intentar explicarles.
Todo se remonta al año 2001. El Ayuntamiento de Valencia venía reclamando a Feria Valencia el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) al entender que era una actividad privada, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respondió en 2001 que la Feria era «un consorcio de naturaleza pública» y que actuaba «en el ámbito de competencia de los servicios municipales». Por eso, y tras años pleiteando, el TSJ en sentencia firme denegó que tuviese que pagar IAE. Era una actividad de una empresa pública.
El asunto tiene doble fondo porque Rita era al mismo tiempo demandante como alcaldesa y demandada como presidenta del Patronato de la Feria. Por lo tanto, su implicación en el asunto era máxima y directa. Sin embargo, la Feria desoyó la sentencia y siguió actuando como empresa privada en sus contrataciones, con regalos de lujo y gastos sin control impropios de una administración pública.
Por si no había quedado claro, en 2013 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia también dejó claro el caracter público de la Feria en un conflicto entre la Federación de Comerciantes del Mueble y la empresa Teyoland que alquiló parte de las instalaciones feriales.
Además, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía también determinaron en 2013 que la Feria era empresa pública, criterio que venía apoyando desde hace años la Sindicatura de Cuentas que reclamaba la contabilidad de la institución para fiscalizarla.
Ante tan abrumador consenso de todos los organismos y ante la obligación de incluirla en sus cuentas, la Generalitat encargó este año un informe a su Intervención General para conocer los detalles de lo que tenía que asumir como propio. Y fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien pidió directamente y por sorpresa el informe al Interventor adelantándose a un posible maquillaje político. Ahí comienza la investigación de la Justicia.
Esa situación alteró mucho a Barberá. Su presión fue tal que el propio Interventor pidió amparo a la Fiscalía de Valencia quien, en un hecho insólito aquí y amparándose en una resolución del Fiscal General del Estado -dimitido recientemente por las fuertes presiones recibidas en varios ámbitos-, convirtió al Interventor de la Generalitat en perito de parte de la Fiscalía, es decir, no debe obedecer órdenes políticas sino judiciales. Le protegió de la presión.
Rafael Navarro en elmundo
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