El Constitucional condena por séptima vez a la Mesa de les Corts por la negativa a tramitar iniciativas de Compromís

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una nueva sentencia contra la Mesa de las Cortes y ha otorgado amparo a la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, por la vulneración de derechos fundamentales que supuso la negativa de la Mesa a tramitar tres Proposiciones No de Ley, una en la que reclamaba la inmatriculación de los bienes públicos no registrados antes de que lo hiciera la Iglesia, otra en la que proponía la retirada de títulos honoríficos a Sor Aurora y la Casa Cuna Santa Isabel y una tercera, firmada conjuntamente por Mónica Oltra y Mireia Mollà, en la que pedían la presentación de las Cortes como acusación particular en el proceso judicial del Caso Cooperación.

Según explicó Oltra, "esta es la séptima sentencia del Tribunal Constitucional contra la Mesa de las Cortes por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de Compromís por no tramitar iniciativas parlamentarias sin justificación. Como en las anteriores sentencias, en esta el Constitucional considera que las proposiciones no de ley vetadas por la Mesa cumplen todos los requisitos que el Reglamento de Les Corts establece y por tanto no está justificada la no admisión.

Con esta sentencia el TC obliga a la Mesa de las Cortes a retrotraerse de su veto a estas tres proposiciones no de ley y resolver de nuevo sobre su admisión a trámite. Se trata de tres iniciativas parlamentarias presentadas por el grupo parlamentario Compromís en marzo del año 2012.

En la primera de ellas la coalición instaba a la retirada del reconocimiento y el Premio de la Mujer Trabajadora de las Cortes Valencianas a Sor Aurora Gallego por los comportamientos de esta religiosa denunciados por las personas afectadas por robos de niños. 

Asimismo la proposición instaba al Gobierno Valenciano a retirar en la Casa Cuna Santa Isabel, el reconocimiento y "Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado" para actuar en contra del principio inspirador de dicho reconocimiento en el escándalo de las adopciones irregulares .

Con la segunda iniciativa Compromis planteaba medidas para combatir la problemática

de las inmatriculaciones que realiza la Iglesia Católica. Así la proposición no de ley instaba al Consejo a reclamar al Ministerio de Justicia una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998. Y por otro instaba también a que la Dirección General de Patrimonio realizara las gestiones para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los pusiera a nombre de la Generalidad, previa consulta al ayuntamiento pertinente, ofreciéndole la información para que el immatricule a su nombre si así lo estima para conservar el patrimonio valenciano en poder de sus legítimos propietarios, el pueblo. 

Con la tercera de las iniciativas Compromis pedía que las Cortes se presentase como acusación particular en el Caso Cooperación como parte afectada, ya que el Parlamento valenciano dio 40.000 euros para un programa de reconstrucción de Haití que la extinta Consejería de solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco adjudicó a la trama de la Fundación Hemisferio.