Nóos no es un caso cualquiera. Están imputados dos miembros de la Casa Real -la Infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin-, el expresidente balear Jaume Matas y a última hora el vicealcalde, que con este auto se queda fuera. Estaba imputado por los convenios firmados con el instituto de Urdangarin para la organización de los Valencia Summit, eventos que costaron 3,6 millones de euros a las arcas públicas y en cuyas adjudicaciones el juez José Castro ha visto indicios de delito.
El caso arrancó en 2010 cuando el juez abrió una pieza separada del caso Palma Arena para investigar el supuesto desvío de hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos a través de convenios con los gobiernos balear y valenciano. El magistrado imputó a Grau en mayo de este año al detectar “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entendió que todos ellos eran requisitos obligados para una fundación que, según argumentaron la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública”.
Los antiguos patronos de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside Grau, apuntaron hacia él como máximo responsable de los contratos en su declaración como testigos ante el juez Castro. Grau aseguró que Turismo Valencia contrató con Nóos porque le parecía "una propuesta razonable" y que iba a traer a personalidades relevantes a la ciudad.
elpaís
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