La austeridad también está detrás de otra de las iniciativas que ha puesto en marcha el PP: la ley de reforma local, una de las normas más cuestionadas durante el mandato de Mariano Rajoy. Su objetivo es “aclarar” competencias municipales y evitar que dos Administraciones presten el mismo servicio.
En el plan económico que Bruselas recibió el año pasado, el Gobierno explicaba además que la ley iba a permitir ahorros de 8.000 millones en el periodo 2013-2015. Curiosamente, son los mismos ahorros que el Gobierno espera obtener por la aplicación de esta norma en el periodo 2014-2020, según el documento actualizado que ha recibido la Comisión Europea.
Ese presupuesto detalla que, entre 2015 y 2016, los Ayuntamientos dejarán de prestar competencias que ahora les cuestan 3.075 millones de euros. Supuestamente esos servicios deberían ser rescatados por las autonomías, aunque sin un nuevo sistema de financiación todas se niegan a poner un euro más.
Ese presupuesto detalla que, entre 2015 y 2016, los Ayuntamientos dejarán de prestar competencias que ahora les cuestan 3.075 millones de euros. Supuestamente esos servicios deberían ser rescatados por las autonomías, aunque sin un nuevo sistema de financiación todas se niegan a poner un euro más.
La mayoría han legislado para que la reforma local, que lleva un año en vigor, no les afecte. Pero, pese a la fuerte contestación en los tribunales (el Constitucional tiene en su mesa nueve recursos contra distintos artículos de la norma), las medidas abocarán a muchos Ayuntamientos a seguir atornillando sus gastos de funcionamiento con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina (mayo de 2015).
El mecanismo de Pago a Proveedores les inyectó 11.000 millones
El mecanismo de Pago a Proveedores les inyectó 11.000 millones
El nuevo plan que España ha remitido a Bruselas lo dice claramente: “Las líneas fundamentales de los presupuestos de 2015 [de los Ayuntamientos y Diputaciones] se orientan hacia medidas activas de política fiscal que se manifiestan en subidas tributarias y supresión de beneficios fiscales [...] y en la mejora de financiación de los servicios públicos mediante incrementos de tasas y precios públicos”.
La supresión o rebaja de los sueldos para alcaldes y concejales, uno de los argumentos iniciales del ministro Montoro para impulsar la ley, ha quedado reducida a la anécdota: supondrá el 0,88% del impacto en el gasto.
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