La trayectoria política de la hasta ahora alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha estado marcada por las imputaciones en dos de las ramas del caso Brugal, relativas a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la urbanización del barrio de Rabasa.
En ambas investigaciones, la fiscalía cree que, presuntamente, la actuación de Castedo tanto en su etapa como concejal de Urbanismo como, a partir de 2008, de alcaldesa benefició al constructor Enrique Ortiz, también imputado.
El caso Brugal surgió a raíz de que, en 2007, se destaparan unas supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela, un multimillonario contrato de 8,5 millones de euros anuales durante diez años. Las investigaciones posteriores sacaron a la luz otras presuntas ilegalidades que dieron origen a una veintena de ramas, entre ellas las que conciernen al plan comarcal de residuos de la Vega Baja, a la contratación de una planta de transferencia de residuos Calpe y a la supuesta financiación irregular del PSOE de Abanilla (Murcia).
En ambas investigaciones, la fiscalía cree que, presuntamente, la actuación de Castedo tanto en su etapa como concejal de Urbanismo como, a partir de 2008, de alcaldesa benefició al constructor Enrique Ortiz, también imputado.
El caso Brugal surgió a raíz de que, en 2007, se destaparan unas supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela, un multimillonario contrato de 8,5 millones de euros anuales durante diez años. Las investigaciones posteriores sacaron a la luz otras presuntas ilegalidades que dieron origen a una veintena de ramas, entre ellas las que conciernen al plan comarcal de residuos de la Vega Baja, a la contratación de una planta de transferencia de residuos Calpe y a la supuesta financiación irregular del PSOE de Abanilla (Murcia).
También a la financiación irregular de la Fundación Hércules Club de Fútbol , propiedad de Ortiz, y a irregularidades por parte de una funcionaria de la Agencia Tributaria de Alicante, así como de los ayuntamientos alicantinos de Rafal, Bigastro, Algorfa, El Pilar de la Horadada, Jacarilla y en la contrata de recogida de basuras de Callosa de Segura, entre otros asuntos.
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