Fabra reúne a su gabinete de crisis alarmado por el estallido de la compra de Valmor

La Fiscalía Anticorrupción convirtió el viernes navideño del que quería disfrutar el Consell en un viernes negro. Uno más de los que ya ha vivido el Ejecutivo de Alberto Fabra. La querella presentada por el Ministerio Público contra la exconsellera Lola Johnson, el expresidente Francisco Camps y Jorge Martínez Aspar, tiene al Gobierno valenciano en vilo.

La preocupación en el Palau de la Generalitat por la evolución de la querella provocó ayer una reunión de urgencia del gabinete de crisis. Una cita para la que el presidente llamó a sus colaboradores de máxima confianza -entre los ausentes, el vicepresidente José Císcar y la titular de Infraestructuras y coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig- para abordar la posible evolución de este caso. Fuentes del Consell deslizaron su inquietud por la posibilidad de que algún documento pudiera sugerir que el presidente era conocedor de las condiciones de compra de Valmor.

Las fuentes consultadas señalaron que entre la documentación analizada ayer figurarían las actas de las reuniones del consejo de administración de Valmor. También se teme que algún correo electrónico pueda contener información comprometedora respecto al número y cantidad de miembros del Gobierno valenciano que tuvieron conocimiento de las condiciones reales de la compra de Valmor -es decir, de que en realidad se asumía la deuda-.

La investigación en los tribunales supone la apertura de una nueva causa judicial en víspera de elecciones autonómicas y municipales. Algo que, como reconocieron ayer fuentes del Consell, no beneficia en nada a las previsiones que hacen las encuestas, ya bastante pesisimistas con el actual equipo de Gobierno.

Lola Johnson «engañó al resto de miembros de la Junta General» de Circuit del Motor. Francisco Camps, «con consciente desprecio hacia la legalidad vigente», adoptó medidas que rescataron a Valmor de la quiebra financiera. Jorge Martínez Aspar recibió la oferta de su «amigo» Camps para que creara una sociedad que organizara la Fórmula 1 en Valencia «y se pudiera beneficiar con ello».

 El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson, y el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar aparecen en la querella de Anticorrupción como los principales responsables del nacimiento de Valmor, de los acuerdos adoptados para rescatar a esa empresa privada desde las arcas públicas, y de la posterior absorción de la misma por parte del Circuit del Motor. 

A Camps y Aspar se les atribuyen los supuestos delitos de malversación de caudales y

prevaricación -el primero como autor, y el segundo como cooperador necesario-. A Johnson, esos dos y el delito societario. La celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 sitúa de nuevo a las puertas de los tribunales al expresidente, ensucia la imagen del excampeón del mundo de motociclismo y actual manager del 'Aspar Team', y salpica a Johnson -también imputada por el agujero económico de Canal 9- en cuyas manos deja la posibilidad, además, de que el proceso termine comprometiendo al Consell que preside Alberto Fabra.

Ese escenario es, precisamente, el que más preocupa en este momento al Ejecutivo valenciano. Camps, que mantiene el escaño de diputado en Les Corts pero que apenas acude al hemiciclo, se enfrenta a un nuevo proceso judicial sin que su imagen pública se haya recuperado aún del desgaste que sufrió con el juicio de la causa de los trajes. Pero es el camino que elija Johnson -destituida de su puesto de secretaria autonómica de Comunicación tras ser imputada en la causa de TVV- el que puede marcar la dimensión política de esta causa. Con la designación de carteles electorales en el PP a la vuelta de la esquina, el testimonio de la exconsellera puede ser determinante.

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