Los ingresos conjuntos de los socios de Redit alcanzaron los 120 millones de euros en 2010. Las deudas del instituto para la pequeña y mediana empresa, que depende de la Consejería de Economía e Industria, se desglosan en 47 millones de euros correspondientes al ejercicio 2011 y otros 15 millones arrastrados del ejercicio anterior.
El 80% de las cantidades que Redit reclama al Impiva están vinculadas a fondos europeos que la Generalitat ya debería haber ingresado.
Damián Frontera, presidente de Redit, remitió hace tres semanas una carta al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, trasladándole que "la situación financiera de la red de institutos tecnológicos es grave"; que las 14 entidades asociadas a Redit emplean a más de 1.700 trabajadores, en su inmensa mayoría titulados superiores; y que la red "podría caer en impago de nóminas en las próximas semanas".El presidente de Redit alerta al presidente de la Generalitat: "Con ello pondríamos en peligro un robusto sistema de innovación de eficacia demostrada en el apoyo a la pyme, construido con esfuerzo a lo largo de los últimos 40 años y que constituye un ejemplo reconocido de cooperación público-privada en innovación empresarial".
La misiva tuvo eco. Pero solo relativo. Damián Frontera aseguró ayer que la Consejería de Hacienda presentó el lunes a Redit un plan de pagos "tentativo" para cubrir las deudas pendientes de pago que permitiría salvar "las necesidades más perentorias".
Damián Frontera, presidente de Redit, explicó ayer que la Consejería de Hacienda se comprometió a pagar a los institutos tecnológicos cinco millones de euros el próximo mes de diciembre. "Una cantidad que nos permite resolver el problema más perentorio que es el pago de la nómina", explicó.
Los 57 millones restantes se abonarán a lo largo de 2012 en distintos pagos cuyos plazos se fijarán en diciembre. Todo ello a expensas del éxito de la próxima emisión de bonos patrióticos de la Generalitat, que se pondrían en circulación a finales de noviembre y cuya cuantía aún no se ha establecido. Y, si fuera posible, de que el Estado asuma como propia parte de la deuda que tiene autorizada la Generalitat valenciana y logre colocarla en los mercados.
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