El Gobierno valenciano se ha visto obligado a corregir sus pretensiones de eliminar la prohibición general fijada en la ley estatal de Montes de recalificar durante 30 años montes afectados por incendios. Un intento, plasmado por el Gobierno central vía modificación legal en 2006, de poner coto a los pirómanos que persiguen fines especulativos. Lo ha hecho bajo la amenaza del dictamen del Jurídic Consultiu, que formuló una "observación esencial" a la redacción de la reforma de la ley Forestal valenciana que incluyó el Consell entre la treintena de modificaciones legislativas contenidas en el anteproyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2012. La observación implica advertencia de ilegalidad y, de no acatarla, el Ejecutivo se exponía a que el CJC declarara la "no conformidad" con la ley. El Consell ha copiado literalmente la redacción propuesta por el CJC, en la que se avala la posibilidad de fijar excepciones a la citada prohibición general pero éstas "en ningún caso" podrán implicar "un aumento del aprovechamiento lucrativo para particulares". Esto es, un "pelotazo" urbanístico.
Vía: Levante
No hay comentarios:
Publicar un comentario