Tras la Imputación de Chaves y Griñán porlos ERE, el PSOE se desdice y no les pedirá el escaño

El alto tribunal los llama a declarar tras la celebración de las elecciones andaluzas

También llama a los socialistas Viera, Zarrías y Moreno

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado los próximos días 9 y 14 de abril, respectivamente, a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga el fraude de los ERE en esa comunidad autónoma. Las declaraciones de los expresidentes autonómicos del PSOE se producirán después de que se celebren las elecciones autonómicas andaluzas del 22 de marzo. La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes comparecerán entre los próximos 7 y 27 de abril.

El alto tribunal cita a Griñán y Chaves por "los actos realizados en el desempeño de sus funciones como consejero de Economía y presidente de la Junta, con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas", según la providencia dictada ayer y hecha pública hoy. Aunque el juez no lo precisa, la llamada citación puede obedecer a la solicitud de Chaves y Griñán de declarar de manera voluntaria.

De hecho, fuentes de las defensas de los aforados han recordado esa voluntariedad. Además, han significado que "no es un auto de imputación contra ellos, ni contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad".

Además, Barreiro solicita a los peritos de la Intervención General del Estado que, tras examinar el informe presentado por las defensas de Chaves y Griñán, amplíen su dictamen sobre el uso de las transferencias de financiación en los ERE, una de las claves del caso. El Supremo, no obstante, no ha solicitado de momento el suplicatorio al Congreso y el Senado, ya que Chaves y Griñán son diputado y senador, respectivamente, lo que sí sería necesario para poder procesarlos, inculpación formal o toma de medidas cautelares.

La juez Mercedes Alaya basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 sobre la competencia o no de la Junta para utilizar el sistema de las transferencias de financiación.

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