Un empleado del Palau denunció en 2008 el posible fraude por el que fue detenida en 2015
Las denuncias contra la intendente llegaron sin éxito hasta Moncloa y la Casa Real
La denuncia sobre las irregularidades en la gestión económica de la ex intendente del Palau de les Arts Helga Schmidt recorrió más de un lustro España, sin que ninguna institución actuara. Sólo la perseverancia del ex trabajador de la entidad cultural que descubrió el presunto fraude consiguió finalmente de la Justicia la respuesta que le negaron los políticos.
El trasiego del documento que redactó -el llamado Informe Diógenes- constituye la historia de una negligencia continuada de la Administración, cuando no de connivencia con la corrupción. Ni la Generalitat valenciana, ni el Ministerio de Educación, ni La Moncloa quisieron asumir el asunto. Ningún político se enfrentó a Schmitd durante años por sus buenas relaciones con popes de la música como Zubin Metha. Fue un juez quien ordenó detenerla en enero de 2015 por unos hechos que este empleado descubrió y denunció en 2008.
La Generalitat silenció los hechos año tras año y el trabajador fue finalmente despedido
La madrugada del 5 de octubre de ese año este trabajador, que era jefe de márketing del Palau, envió una misiva a la propia intendente. En ella se relataban irregularidades en la compra de unas postales publicitarias, contratadas por el director de administración del Palau de les Arts, Ernesto Moreno, a la oferta 15.000 euros más cara. En la carta le advertía que no quería verse «envuelto o relacionado con alguna irregularidad». «Reivindico mi honradez y mi buen hacer», añadía. Estas palabras supusieron su pasaporte al despido. En un correo electrónico, 72 horas más tarde,Schmidt le acusó de «falta de veracidad».
Tras su decepción ante la respuesta, el denunciante dedicó un año a confirmar lo que ya se comentaba en los despachos del gran teatro valenciano: que no sólo Ernesto Moreno, sino la propia Schmidt estaba implicada en las irregularidades. Ésta había creado una empresa para gestionar los patrocinios de la entidad y cobrar una comisión. Todo lo vertió en el Informe Diógenes.
Al denunciante acabaron echándolo, pero antes comunicó sus sospechas y ofreció la documentación al entonces director general de Economía de la Generalitat, Eusebio Monzó. No hubo ninguna consecuencia. Se marchó con la certeza de que estaban sucediendo cosas gravísimas en el Palau y la frustración ante la permisibilidad del Gobierno valenciano. Él, un profesional del entorno del PP, no entendía este comportamiento.
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