Francisco Camps volverá como imputado al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) seis años después de que los trajes de la trama corrupta Gürtel le dieran de lleno y provocaran el fin de su vida política. Como en aquella ocasión, Camps queda en manos de una magistrada con mazo de hierro tras la decisión del Alto Tribunal autonómico de investigarle por su gestión en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia.
Ahora, el ex presidente del Consell regresa con un asunto mucho más peliagudo que trasciende del cohecho impropio de 2009. Anticorrupción le acusa de malversación continuada de caudales públicos y prevaricación a cuenta de la carrera donde, entre otras cosas, el fiscal Vicente Torres le acusa de no velar por los intereses públicos cuando suscribió el contrato con la empresa privada Valmor Sport -participada por su amigo el ex piloto Jorge Martínez Aspar- y con actuar con un «consciente desprecio a la legalidad» en materia de contratación.
Camps, de nuevo, ha topado con una magistrada dura de roer. Tendrá ante sí a Pía Calderón, la juez que sentó las bases de lo que después fue la primera sentencia ejemplarizante contra un político de la Comunidad por corrupción. Rafael Blasco, hombre fuerte del Gobierno de Camps, fue condenado a ocho años de prisión por desviar fondos públicos destinados al Tercer Mundo el pasado mes de abril.
Pía Calderón, que entró a formar parte de la sala Civil y Penal del TSJCV a propuesta del PP, desarrolló la mayor parte de su vida laboral en la Universidad y es tan meticulosa y precisa como Flors. La labor de éste en el asunto de los trajes, en el que finalmente un jurado popular le salvó, fue validada no sólo por sus compañeros de la Sala sino también por el Tribunal Supremo. Ahora la historia se repite para Camps, que vuelve a tener enfrente a una magistrada de altura aunque en el hipotético caso de que llegara a juicio, ya no sería un tribunal popular el encargado de dictar sentencia.
El objetivo de la Sala Civil y Penal del TSJCV, que siempre se mostró favorable a investigar al ex presidente por la Fórmula 1, es llamarle a declarar antes de que pierda su aforamiento, algo que sucederá el próximo 30 de marzo, fecha en la que las Cortes quedarán disueltas. Pese a la proximidad de la disolución de las Cortes, la Sala tendría tiempo. Camps, por tanto, pisaría el Palacio de Justicia de Valencia antes de final de marzo.
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