La CAM aprobó una paga extra cuando esperaba 1.500 millones en ayudas públicas

El desembolso superó los cuatro millones de euros y fue autorizado por los representantes de la Generalitat.


Los gestores de la CAM decidieron en marzo pasado abonar a toda la plantilla la paga de beneficios que habían cobrado los años anteriores, pese a que en esta ocasión ya estaban esperando unas ayudas públicas de 1.493 millones de euros y a que ellos sabían que realmente no estaban en beneficios, y que sus pérdidas de 1.000 millones no habían salido a la luz únicamente por una ventaja contable que les permitía la fusión con Cajastur, Extremadura y Cantabria.

El pago, que superó los cuatro millones de euros, se realizó el 15 de marzo, cuando ya se barruntaba que no saldría adelante la fusión, algo que se materializó dos semanas después. Las razones eran, entre otras, que se había hallado un agujero de 1.340 millones en las finanzas de la caja, al que había que sumar el déficit de solvencia que ya se conocía, que ascendía a 1.447 millones.

Uno de los miembros de aquel consejo de administración de la CAM, que no quiso hacer pública su identidad, criticó ayer este pago en declaraciones a La Sexta. El consejero declaró que durante los meses anteriores a la intervención por parte del Banco de España que en julio sustituyó a los gestores y administradores hubo un "saqueo" de la caja y que con decisiones como las pagas extraordinarias y las prejubilaciones "se llevaban el patrimonio de la CAM".

A tal extremo llegó, que creo que fue en marzo o abril, por cumplimiento de objetivos, (se abonó) una paga más, además de las 22 que cobraban. O sea, una paga más por cumplimiento de objetivos", afirmó. Según se desprende de sus declaraciones, el consejero achaca a los directivos de la CAM la decisión de autorizar ese ingreso extra en función de los beneficios de la caja, pese a que eran estos mismos gestores los que, afirma, "indudablemente" maquillaban las cuentas de la entidad.

Fuentes conocedoras de ese pago aseguran que la decisión que fue muy discutida en la entidad y hasta reprochada desde sus socios de fusión en aquel momento de abonar una paga de beneficios (y no de objetivos como aseguró el exconsejero) pasó por el consejo de administración. Y en este órgano de gobierno hay cinco representantes de la Generalitat valenciana que, como el resto, podrían haberlo parado. Se trata de Modesto Crespo, Armando Sala, Pere Joan Devesa, José Enrique Garrigós y Rosa Ana Perán, todos ellos propuestos por el PP.
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