La agencia Moody’s no se ha limitado a rebajar nuestra calificación crediticia, sino que también ha cambiado nuestra forma de Estado. Se ha referido a nuestro país como República. Representa un buen ejemplo de la fiabilidad y la exactitud con que emiten sus juicios estas entidades. Califican de oídas, por rumores. Se rigen por las informaciones y noticias que aparecen en los medios de comunicación o por las manifestaciones de las voces que dentro del país pasan por autorizadas.
De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que de forma un tanto frívola o en función de sus intereses políticos lanzan afirmaciones aventuradas.
Las declaraciones del PP acerca de las, según ellos, irregularidades contables de las autonomías han hecho un flaco favor a las respectivas comunidades.
Todo el mundo sabe que ni la contabilidad privada ni la pública constituyen una ciencia exacta y que la periodificación tiene mucho de convencional. Existe siempre un cierto margen para trasladar determinadas partidas de un ejercicio a otro. Es por ello por lo que todo nuevo gobierno ha procurado imputar a la etapa anterior el mayor número de gastos posibles, de manera que su mandato se inicie con el grado menor de compromisos. En condiciones normales, este comportamiento es lógico.
El problema radica en que no estamos en condiciones normales, que la economía pende de un hilo y que cualquier manifestación imprudente puede tener graves consecuencias desestabilizadoras. Qué duda cabe de que detrás de la calificación de “bono basura” que se ha otorgado a los títulos de Castilla-La Mancha se encuentra la algarada levantada por los nuevos responsables autonómicos.
Es de esperar que el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-N no cometa el mismo error. La elaboración de la contabilidad pública y de la contabilidad nacional –al menos en el Estado– se llevan a cabo en España con toda seriedad. El PP, puesto que ya ha gobernado, lo sabe perfectamente. Resultaría imperdonable que para desacreditar al actual Gobierno o para realizar recortes injustificados, se pusiese en duda la veracidad de las cifras con graves consecuencias en Europa y en los mercados. Con las cosas de comer no se juega. (Juan Francisco Martín Seco/economista)
De ahí la enorme responsabilidad de aquellos que de forma un tanto frívola o en función de sus intereses políticos lanzan afirmaciones aventuradas.
Las declaraciones del PP acerca de las, según ellos, irregularidades contables de las autonomías han hecho un flaco favor a las respectivas comunidades.
Todo el mundo sabe que ni la contabilidad privada ni la pública constituyen una ciencia exacta y que la periodificación tiene mucho de convencional. Existe siempre un cierto margen para trasladar determinadas partidas de un ejercicio a otro. Es por ello por lo que todo nuevo gobierno ha procurado imputar a la etapa anterior el mayor número de gastos posibles, de manera que su mandato se inicie con el grado menor de compromisos. En condiciones normales, este comportamiento es lógico.
El problema radica en que no estamos en condiciones normales, que la economía pende de un hilo y que cualquier manifestación imprudente puede tener graves consecuencias desestabilizadoras. Qué duda cabe de que detrás de la calificación de “bono basura” que se ha otorgado a los títulos de Castilla-La Mancha se encuentra la algarada levantada por los nuevos responsables autonómicos.
Es de esperar que el Ejecutivo que salga de las urnas el 20-N no cometa el mismo error. La elaboración de la contabilidad pública y de la contabilidad nacional –al menos en el Estado– se llevan a cabo en España con toda seriedad. El PP, puesto que ya ha gobernado, lo sabe perfectamente. Resultaría imperdonable que para desacreditar al actual Gobierno o para realizar recortes injustificados, se pusiese en duda la veracidad de las cifras con graves consecuencias en Europa y en los mercados. Con las cosas de comer no se juega. (Juan Francisco Martín Seco/economista)
Vía: Público
No hay comentarios:
Publicar un comentario