El caso Nóos deja muy tocada a Rita Barberá. Su mano derecha, Alfonso Grau, será juzgado por la contratación de Iñaki Urdangarín. Y los jueces han señalado de manera inequívoca el papel de la alcaldesa de Valencia en los tejemanejes del cuñado del rey.
La Audiencia de Palma insiste en su último auto en que la contratación de Urdangarín "ésta estaba ya comprometida desde el momento en que Rita Barberá remite" a la cúpula de Nóos "a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y a Cacsa [Ciudad de las Artes y las Ciencias], y luego el secretario de Eventos pide al señor Grau que se sume al proyecto, cosa que hace".
Los jueces lo tienen claro. Turismo Valencia, la fundación semipública presidida por Grau y controlada por el ayuntamiento, encarga trabajos a Urdangarín y su socio, Diego Torres, tras las recomendaciones de la alcaldesa. La empresa municipal colaboró en el pagó de 3,6 millones de euros por la organización de varios congresos deportivos –Valencia Summit- que sólo costaron 910.600.
La relación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con Nóos también llevará al banquillo a cuatro exaltos cargos de gobiernos valencianos del PP, sin embargo, Ni Barberá, ni Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, serán juzgados. ¿Por qué?
En primer lugar, porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana rechazó la imputación solicitada por el juez encargado del caso, José Castro, contra Barberá y Camps, que son aforados al ser diputados autonómicos. Y después, porque las acusaciones populares del caso, el PSPV-PSOE y el sindicato Manos Limpias, no recurrieron esa decisión. La Fiscalía, que ni siquiera acusa a Grau, tampoco.
La Audiencia de Palma no ocultó en su día su sorpresa por la actuación del TSJ valenciano y las acusaciones después de que quedará “al margen del escrutinio judicial” la “posible participación que en los hechos” (….), hubieran podido tener la Alcaldesa de Valencia y el que fuera Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps".
La línea roja de Grau
Ninguno será juzgado, pero Barberá queda tocada. La oposición ya ha pedido la dimisión de Grau, que además había sido nombrado coordinador de la campaña electoral de la alcaldesa. Ésta, tras el bochorno del ‘caloret’, deberá dejar caer a su vicealcalde o enfrentarse con la política anticorrupción del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
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La Audiencia de Palma insiste en su último auto en que la contratación de Urdangarín "ésta estaba ya comprometida desde el momento en que Rita Barberá remite" a la cúpula de Nóos "a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y a Cacsa [Ciudad de las Artes y las Ciencias], y luego el secretario de Eventos pide al señor Grau que se sume al proyecto, cosa que hace".
Los jueces lo tienen claro. Turismo Valencia, la fundación semipública presidida por Grau y controlada por el ayuntamiento, encarga trabajos a Urdangarín y su socio, Diego Torres, tras las recomendaciones de la alcaldesa. La empresa municipal colaboró en el pagó de 3,6 millones de euros por la organización de varios congresos deportivos –Valencia Summit- que sólo costaron 910.600.
La relación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con Nóos también llevará al banquillo a cuatro exaltos cargos de gobiernos valencianos del PP, sin embargo, Ni Barberá, ni Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, serán juzgados. ¿Por qué?
En primer lugar, porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana rechazó la imputación solicitada por el juez encargado del caso, José Castro, contra Barberá y Camps, que son aforados al ser diputados autonómicos. Y después, porque las acusaciones populares del caso, el PSPV-PSOE y el sindicato Manos Limpias, no recurrieron esa decisión. La Fiscalía, que ni siquiera acusa a Grau, tampoco.
La Audiencia de Palma no ocultó en su día su sorpresa por la actuación del TSJ valenciano y las acusaciones después de que quedará “al margen del escrutinio judicial” la “posible participación que en los hechos” (….), hubieran podido tener la Alcaldesa de Valencia y el que fuera Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps".
La línea roja de Grau
Ninguno será juzgado, pero Barberá queda tocada. La oposición ya ha pedido la dimisión de Grau, que además había sido nombrado coordinador de la campaña electoral de la alcaldesa. Ésta, tras el bochorno del ‘caloret’, deberá dejar caer a su vicealcalde o enfrentarse con la política anticorrupción del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.
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