El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha fijado hasta el próximo 1 de abril, a las 15.00 horas, el plazo para que los 17 acusados del caso Nóos abonen un total de 61,3 millones de euros en fianzas civiles, de los cuales 10,8 millones –unos 1.800 millones de las antiguas pesetas– corresponden a cuatro exaltos cargos del Consell por la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdieron el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, –a la Infanta Cristina, su esposa, se le impone una fianza de 2,6 millones– y su exsocio Diego Torres para que el Instituto Nóos –el chinguito que montó el yerno del Rey Juan Carlos con Torres– hiciera negocio con dinero público en la Comunidad.
El juez estipula el cómputo mediante una providencia dictada ayer en la que concede veinte días hábiles para hacer frente a los pagos. En caso de no hacer efectivos los depósitos, el juez Castro les emplazará a que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, conforme a lo previsto en la ley.
Concretamente y en relación a los exaltos cargos de la Comunidad, el magistrado José Castro reclama fianzas de 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat, Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela y otra cantidad similar también para la exdirectora de gestión del complejo Elisa Maldonado; y, finalmente, 1,3 millones para el exdirector general del proyecto José Manuel Aguilar. Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones populares y el incremento en un tercio de todas ellas.
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Concretamente y en relación a los exaltos cargos de la Comunidad, el magistrado José Castro reclama fianzas de 4,1 millones para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat, Luis Lobón; 2,7 millones para el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela y otra cantidad similar también para la exdirectora de gestión del complejo Elisa Maldonado; y, finalmente, 1,3 millones para el exdirector general del proyecto José Manuel Aguilar. Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones populares y el incremento en un tercio de todas ellas.
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