El TSJM también considera expolio el plan urbanístico de El Cabanyal El tribunal desmonta los argumentos del Ayuntamiento de Valencia

La orden del Ministerio de Cultura que calificó de “expolio” el plan de urbanismo diseñado por el Ayuntamiento de Valencia para el barrio de El Cabanyal es válida y cumplió la ley. Es lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en una respuesta a la demanda de ejecución del Ayuntamiento que pretendía anular la orden aprobada por el ministerio en diciembre de 2009.

La sentencia desmonta los argumentos del Ayuntamiento y confirma que el ministerio podía ejercer la tutela: “La competencia es de la ministra [entonces Ángeles González Sinde]. Por tanto, todo lo alegado en su contra carece de fundamento”. Asimismo, considera que la finalidad de la orden era “velar por el patrimonio del conjunto histórico” del barrio y de la trama urbana.

Según el texto, el ministerio actuó correctamente paralizando el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, un proyecto urbanístico que pretendía abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de 450 edificios. El tribunal indica que el ministerio emitió una resolución “motivada y contrastada por numerosos informes técnicos”, en contra de las acusaciones del Ayuntamiento.

La plataforma Salvem El Cabanyal comunicó su “satisfacción” y consideró el auto “un nuevo espaldarazo judicial”. El colectivo hizo una llamada “al consenso social” y solicitó “una reunión con todas las partes interesadas” en el desarrollo “de El Cabanyal y de la ciudad de Valencia” para “replantear de una vez por todas el futuro de nuestro barrio”. Salvem el Cabanyal urgió a la Administración a contar con “vecinos, partidos políticos y otras fuerzas sociales y sindicales” para redefinir el destino del barrio: “Nos jugamos una parte importante, muy importante, del futuro de toda la ciudad”. A modo de consejo, la asociación hizo hincapié en la rehabilitación del espacio “porque crea puestos de trabajo y movimiento económico, al contrario que la expropiación, que cuesta dinero y retrasa la solución”.

Por último, una portavoz de la plataforma insistió en que “los intereses económicos de la ciudad pueden llevarse a cabo sin necesidad de destruir” y tildó de “irrespetuosa” la actitud de la alcaldesa, que “entiende que su deseo debe ser cumplido por encima de las sentencias judiciales”. El colectivo valoró como “muy positiva” una sentencia “perfectamente documentada” y la tomó como “otro motivo para la esperanza y para mantener la lucha”, porque “es muy duro vivir amenazado”.

Vía: El País