El decreto ley da al Ejecutivo cobertura legal para reducir el personal temporal, lo que podría afectar hasta 10.000 empleados, incluidos sanitarios y docentes - Hacienda minimiza el alcance al asegurar que la medida no es de aplicación inmediata.
El decreto ley número 3/2012, de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana, incluye una medida que, de hacerse efectiva, podría implicar el despido de miles de interinos que en la actualidad trabajan para la Generalitat Valenciana. El Consell que preside Alberto Fabra se guarda este cartucho para "alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público" y ello a pesar de que la posibilidad de despedir empleados fue negada en la rueda de prensa ofrecida el viernes por el vicepresidente José Ciscar y los consellers José Manuel Vela y Enrique Verdeguer.
"Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos masivos", declaró Ciscar ante la prensa para resumir el espíritu de un nuevo tijeretazo que supera los mil millones de euros y que, en teoría, repercutirá sobre todo en el gasto sanitario y en el bolsillo de los funcionarios, principalmente los interinos a los que se les rebaja sueldo y horario; y los sanitarios y docentes que pierden complementos retributivos.
El decreto ley, que ayer llegó a las Corts, revela, no obstante, que no está descartado echar a la calle a empleados públicos. De hecho, la disposición final primera establece que "el Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar planes de ordenación de personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y las entidades autónomas". Aunque el ámbito de aplicación del decreto no está definido, fuentes de la Conselleria de Hacienda admitieron que la disposición primera afectaría a todo el sector público, incluido los docentes y sanitarios.
"Hemos preferido sacrificios parciales antes que despidos masivos", declaró Ciscar ante la prensa para resumir el espíritu de un nuevo tijeretazo que supera los mil millones de euros y que, en teoría, repercutirá sobre todo en el gasto sanitario y en el bolsillo de los funcionarios, principalmente los interinos a los que se les rebaja sueldo y horario; y los sanitarios y docentes que pierden complementos retributivos.
El decreto ley, que ayer llegó a las Corts, revela, no obstante, que no está descartado echar a la calle a empleados públicos. De hecho, la disposición final primera establece que "el Consell, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar planes de ordenación de personal con la finalidad de ordenar la Administración de la Generalitat para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la Administración de la Generalitat y las entidades autónomas". Aunque el ámbito de aplicación del decreto no está definido, fuentes de la Conselleria de Hacienda admitieron que la disposición primera afectaría a todo el sector público, incluido los docentes y sanitarios.
Vía: Levante
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