Artículo de Julià Alvaro sobre Canal 9 (es periodista de Canal 9)

Fumar hasta morir

(o las ruinas de la televisión valenciana)

La actitud del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en relación con el futuro de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) es igual de irresponsable y necia que la de un médico que estuviera dispuesto a extirparle un pulmón a un enfermo para que pudiera seguir fumando.

El Consell ha anunciado una reforma de la ley de RTVV en paralelo con un expediente de regulación de empleo (ERE). Aseguran que ambas cosas responden a un proceso de actualización del modelo. Así de abstracto lo dicen, así de etéreo. No concretan porque no pueden, porque no saben, porque no hay modelo, ni nada parecido. Y si algo pudieran explicar, es tan indigno que prefieren callar.

La reforma legal que ha presentado el Consell es para que todo pueda seguir igual de mal que hasta ahora. A ellos les va bien. Las prioridades que se plantean son las mismas que se han incumplido sistemáticamente todos estos años, empezando por los contenidos informativos, cuyo valor se destaca pero sin arbitrar ninguna fórmula para garantizar su imparcialidad.

No hay definición de lo que se entiende por servicio público, ni se explica por qué solo un parte de la programación ha de responder a tal condición. La elección del director general sigue dependiendo del Gobierno, igual que la composición del consejo de administración. En cuanto a la novedad de que los directivos puedan ser destituidos por mala gestión, se esconde que tal destitución también queda en manos de instancias directamente controladas desde el Consell. Es decir, no es una reforma, es un fraude.

Para entendernos, extirpar para seguir fumando.

En cuanto al ERE, se trata tan solo de soltar lastre. El objetivo es deshacerse de personal incómodo y ahorrar un puñado de euros para gastar ese dinero contratando empresas amigas para que hagan más caro lo que podrían haber hecho esos trabajadores despedidos, siempre que su tarea se hubiera organizado bien y con honradez. Externalizar despilfarrando es una de sus especialidades.

Lo dicho, seguir fumando.Estamos ante una empresa enferma que, ciertamente, necesita una terapia de choque. RTVV malvive

• llena de directivos incompetentes y poco honrados; con unos informativos manipulados y manipuladores siempre al servicio del PP;
• con una programación que ha oscilado entre la telebasura y la inanidad;
• con unas cuentas pensadas para enriquecer a los amigos aun a riesgo, cumplido, de caer en la bancarrota;
• con el valenciano como idioma ausente
• y con la plantilla, mayoritariamente complaciente y despreocupada, hinchada a base de enchufar a hijas de diputados, cuñados de directores generales, hermanos de concejales, primos de cualquier militante del PP y amigos varios.

La dramática situación financiera y profesional de la radiotelevisión pública valenciana, igual que su quiebra ética y su desprestigio social, es el resultado de años de penosa gestión. A la falta de modelo durante el periodo de Gobiernos socialistas, le siguió la desvergüenza desacomplejada de la gestión zaplanista (incluyendo al curioso millonario Olivas). Después llegaron los tiempos sin escrúpulos de la era Camps.

No hay empresa capaz de aguantar tantos años de mala gente en su puente de mando.¿Quién se acuerda ahora de Jesús Sánchez Carrascosa, su estulticia y sus salvas con pólvora de rey? ¿Quién asume el dontancredismo de José Vicente Villaescusa? Y de la desfachatez de Emilio Fernández en el consejo de administración, ¿qué? ¿Alguien piensa responder por las cuentas de Pedro García? ¿Quién se responsabiliza de las brutalidades de Genoveva Reig? ¿Alguien recuerda que hubo un director de Canal 9 llamado Antxo Quintanilla? ¿Alguien sabe qué hizo? ¿Y Vicente Sanz? ¿Lo colocaron acaso los críticos en los cargos que detentó? ¿Podía haber sido peor gestor o más miserable? ¿Y Lola Johnson? Cuando dirigió Canal 9, ¿ya actuaba de consejera? ¿Quién paga por todas las noticias manipuladas y censuradas desde la época de Pau Pérez Rico, pasando por Lluís Motes, Maite Fernández o ahora Salud Pedrós? ¿Y López Jaraba? ¿A qué se ha dedicado, de qué ha servido? ¿Algo tendrán que ver todos estos nombres con la bancarrota actual, no? Pues no, Fabra debe considerar que no. Joan Fuster decía que muchas veces "no hay que mirar la bandera sino al abanderado".

En este caso, los que llevan la bandera de la salvación de la empresa son los mismos que la han hundido, así que...Desde la casa, y también desde fuera, pero sobre todo desde dentro, ha habido durante todo este tiempo voces advirtiendo de la deriva que se llevaba y sugiriendo otras vías.

Ha sido inútil. Se ha ignorado a los discrepantes, se les ha perseguido y represaliado, incluso vía familiares interpuestos. A fecha de hoy, resulta que esos críticos tenían razón: que la empresa ha sido expoliada, que se ha convertido en inútil e inservible, que se ha alejado de la ciudadanía, que se ha quedado sin futuro.

Sería, pues, el momento, de recoger esas voces, esas alternativas y ponerse a trabajar. Olvidar de una vez el sectarismo, reconocer los errores cometidos y desandar lo andado. Esa, y no otra, es la tarea de Alberto Fabra. Antes de reformas legales o ERE, debería quedar claro que los medios audiovisuales públicos valencianos no pueden ser otra cosa que una garantía de comunicación democrática más allá de las apetencias de los grandes mass-media.

Un país que deja en manos del sector privado y de los intereses económicos el ámbito de la comunicación pública de masas se condena a vivir a la deriva en cuanto a cohesión social. RTVV ha de ser útil a la sociedad y solo lo será si se convierte en un marco plural y democrático en el que los valencianos pongan en común lo que hacen y lo que opinan, si su calidad está por encima de la media de la oferta audiovisual, si sirve para prestigiar el idioma propio, para controlar el funcionamiento de la Administración y para potenciar una industria audiovisual propia como sector estratégico. Lástima que de esto no hable nadie, ni a nadie parezca preocuparle. Lástima que se siga fumando. Así estamos.

Vía: El País