La prolongación de Blasco Ibáñez puede encallar como la Torre Pelli de Sevilla
¿Le podría pasar a Valencia? La construcción de un rascacielos de más de 174 metros de altura en pleno casco histórico de Sevilla ocupa y preocupa al ayuntamiento andaluz hace un tiempo. La Torre Pelli,proyectada como sede emblemática de Cajasol, amenaza con sacar a la capital sevillana de la lista de ciudades declaradas patrimonio de la Humanidad.
Con el apoyo del anterior alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, el rascacielos quebraba esa ley no escrita que sostiene que ningún edificio de la capital puede superar en altura a la Giralda, con 97 metros de alzada. El regidor defendió en 2006 que el PGOU de la capital permitía estos hitos en altura “que simbolicen la pujanza económica y urbana de Sevilla”, afirmaba el alcalde en 2006. Hoy, la torre, diseñada por el arquitecto César Pelli, está a mitad construir y en revisión tras la censura de la Unesco. Este organismo internacional ha pedido que se paralicen las obras de la torre y se rebaje su altura para suavizar el impacto sobre el paisaje histórico de Sevilla. El Ministerio de Cultura tiene sobre la mesa esta patata caliente.
Salvando las distancias, la torre Pelli guarda más de un parecido con la proyectada prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, sobre todo, porque son proyectos avalados por los respectivos Ayuntamientos, que amenazan el patrimonio cultural e histórico de ambas ciudades y tienen una difícil justificación en un momento de crisis económica e inmobiliaria como la actual. Si la torre no recorta su altura, el lío está servido.
En Valencia solo la Lonja de la Seda es bien patrimonio de la Humanidad, y está claro que el Cabanyal está lejos del singular edificio histórico y es imposible argumentar que el derribo de parte del barrio marinero es un impacto inasumible para la Lonja. Es obvio. “Pero cualquier ciudad que tiene un bien distinguido por la Unesco, está obligada a dar un trato exquisito a su patrimonio, esté donde esté”, opina Víctor Fernández Salinas, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla y secretario general de Icomos, entidad consultiva de la Unesco. Icomos fue una de las entidades a las que el Ministerio de Cultura que dirigía Ángeles González-Sinde pidió informes antes de dictar la orden de diciembre de 2009, con la que se paralizó el Pepri y se evitaron nuevos derribos de casas en el barrio. El argumento esencial, entonces y ahora, es que este barrio de pescadores es característico por su estructura en retícula, que tiene su origen en la alineación de donde se ubicaban las antiguas barracas y sobre las que se desarrolla una arquitectura popular “de clara raigambre eclecticista”, dijo entonces la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su casco histórico está protegido, por lo que la destrucción de seis manzanas completas, necesaria para prolongar la avenida, rompería la trama protegida.
En el Cabanyal, la iniciativa privada se desvinculó en 2008 del plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Valencia. Y, pese a todo, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, sigue empeñada en llevarlo adelante. Poco importa que no tenga de su lado a inversores privados, que el mercado no acepte más oferta inmobiliaria o que en estos nuevos tiempos importe más conservar y rehabilitar la trama urbana, que abrir grandes avenidas como se hacía en el siglo XIX. “Los bulevares típicos de París no se justifican ahora”, añade Fernández Salinas, que habla a título personal. “Las ciudades deben aprender del pasado. En cualquier caso, estar en la lista de ciudades patrimonio de la Humanidad no es una obligación. Valencia ha hecho mucho, pero digamos que la calidad, la sensibilidad, no solo hay que demostrarla intramuros sino también fuera”, concluye el geógrafo.
Al igual que sucede con la Torre Pelli de Sevilla, el Ministerio de Cultura tiene pendiente una decisión sobre el Cabanyal. Debe decidir si retira la orden de protección del anterior Gobierno, avalada por el Consejo de Estado e inspirada por una sentencia del Tribunal Supremo, o la deja. En este último caso, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre quien es competente para poner o quitar protección al Cabanyal.
Mientras tanto, varias organizaciones han incluido este barrio de pescadores en su lista de espacios patrimoniales amenazados. Es el caso de la fundación norteamericana World Monuments Fund (WMF), que acaba de colarlo en su lista vigía.
Se trata de aprender de los errores de otros. En el caso de Sevilla se da un alcalde que se empeña en construir un rascacielos en pleno casco histórico, los promotores se embarcan y ahora el proyecto está en el aire. “Abrir una calle de 40 o 50 metros de anchura en una zona donde la mayoría de vías tienen ocho, lo destrozará”, concluye Pablo Longoria, portavoz en España de WMF.
Vía: El País
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