El presidente del PP de Castellón está también acusado de tráfico de tráfico de influencias y cohecho
La sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido rechazar la prescripción de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusaba al expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra. En un auto hecho público hoy, la sala ha admitido el recurso presentado por la fiscalía, la acusación popular y la abogacía del Estado contra la prescripción, que determinó la sección segunda de la Audiencia de Castellón.
Según los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, Fabra defraudó, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, un total de 1,5 millones de euros durante cinco ejercicios fiscales. El fraude a la Hacienda pública se produjo, según los peritos, tras el ingreso de más de 3 millones de euros de origen no justificado.
El titular del juzgado número 1 de Nules consideró que el plazo de prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1999 y 2004, se había interrumpido con la investigación. Sin embargo, en diciembre de 2010, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón resolvió un recurso a favor de Fabra y dictó que los cinco años de investigación de dichos delitos no suponían el acto jurídico necesario para paralizar el plazo. Tras la resolución de la Audiencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular decidieron recurrir y ahora el Supremo les ha dado la razón.
Tras las conclusiones de los informes periciales, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para el ahora expresidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.
Carlos Fabra está imputado ante la posible comisión de tráfico de influencias, cohecho y otro delito fiscal sobre el que la Agencia Tributaria sí presentó denuncia y, por tanto, no se declaró prescrito. Fabra, investigado desde hace más de siete años fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, hasta entonces amigo suyo, que le acusó de cobrarle a cambio de “favores políticos”.
Vía: El País
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