El Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) confirmó ayer que ninguno de los cargos
citados por la UCO de la guardia Civil ha sido imputado -antes investigado- por el juez.
Del mismo modo,
fuentes del Ministerio Fiscal negaron que las diligencias partieran a propuesta
de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes judiciales confirmaron que el juzgado
sólo intervendrá una vez reciba el atestado de la Guardia Civil aunque parece
poco probable que las contrataciones irregulares en Imelsa -bien de asesores,
bien de brigadistas- que habría descrito Benavent se judicialicen.
No obstante,
estas fuentes aclararon que la Guardia Civil es autónoma para practicar pruebas
si detecta sospechas de delito
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