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lunes, 22 de diciembre de 2014
"Grau dimite", ¿pifiada o acto fallido?
Cristina de Borbón ya sabe que la Ley es igual para todos
Tres años después, su hija Cristina de Borbón se sentará en el banquillo acusada de dos delitos fiscales por los negocios ilegales de su marido,Iñaki Urdangarin, de los que se benefició la Infanta a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con su esposo.
Cuando don Juan Carlos pronunció esa frase, su hija aún no estaba imputada en el caso Nóos, un proceso judicial que ponía bajo sospecha a la institución monárquica.
Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres montaron a finales de 2003 un negocio, el Instituto Nóos, basado en el tráfico de influencias –administraciones públicas les adjudicaban a dedo contratos para organizar eventos sin control alguno sobre el precio fijado ni sobre los gastos reales de esos actos-. Nóos se presentaba ante los gobiernos del PP como una entidad sin ánimo de lucro en cuya junta directiva figuraban, junto a Torres y Urdangarin, la infanta Cristina y su secretario, Carlos García Revenga.
Con esas credenciales, Nóos organizó entre 2004 y 2006 cinco eventos –dos para Baleares y tres para la Comunidad Valenciana- por los que cobró casi seis millones de euros, aunque los gastos reales de organización no superaron el 20% del total, según la investigación. El 80% restante fue a parar a empresas con ánimo de lucro creadas por Urdangarin y Torres, que facturaban servicios inexistentes al Instituto Nóos para la organización de eventos, según las conclusiones del juez y el fiscal del caso.
Entre las sociedades que se beneficiaron del desvío de dinero público figuraba Aizoon, la empresa familiar creada por Urdangarin y Cristina de Borbón.
josemanuelromero en elpaís
El Síndic de Comptes recuerda que desde 2007 ha advertido de irregularidades en la F-1
Así lo ha asegurado Vicente Queralt, tras entregar el informe de 2013 al presidente de la Cámara, Alejandro Font de Mora, y al ser preguntado por los periodistas por si detectaron alguna anomalía respecto a la compra de Valmor Sport por parte del Consell, después de que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia se haya querellado contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado Francisco Camps, la exconsellera y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar.
"La Sindicatura desde 2007 está poniendo de manifiesto deficiencias fundamentalmente contables a través de tres instituciones, el Ente Gestor de Transportes, la Sociedad de Proyectos Temáticos y, fundamentalmente, Circuito del Motor", ha manifestado el Síndic.Vicente Queralt recuerda que realizó un "juicio crítico" sobre la compra de Valmor
En este sentido, ha subrayado: "Yo me remito estrictamente a lo que dicen los informes, algunos de ellos ampliamente y con una insistencia en todas las incidencias que desde el ámbito fiscalizador hemos encontrado". "Dicho está desde el año 2007", ha resaltado.
Preguntado por si fue correcto asumir la deuda de Valmor, ha recordado que desde la Sindicatura de Comptes emitieron "un juicio crítico" a lo que detectaron tras realizar "una fiscalización muy exhaustiva". "A partir de ahí ya tienen que ser otros, la jurisdicción penal, quien lo diga", ha señalado.
ver en lasprovincias
Castro sienta en el banquillo a la infanta por corrupción
Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria
El juez José Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido.
La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.
El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.
El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.
elpaís
El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.
El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.
elpaís
Finalmente el juez Castro desimputa a Grau en Nóos
Nóos no es un caso cualquiera. Están imputados dos miembros de la Casa Real -la Infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin-, el expresidente balear Jaume Matas y a última hora el vicealcalde, que con este auto se queda fuera. Estaba imputado por los convenios firmados con el instituto de Urdangarin para la organización de los Valencia Summit, eventos que costaron 3,6 millones de euros a las arcas públicas y en cuyas adjudicaciones el juez José Castro ha visto indicios de delito.
El caso arrancó en 2010 cuando el juez abrió una pieza separada del caso Palma Arena para investigar el supuesto desvío de hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos a través de convenios con los gobiernos balear y valenciano. El magistrado imputó a Grau en mayo de este año al detectar “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entendió que todos ellos eran requisitos obligados para una fundación que, según argumentaron la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública”.
Los antiguos patronos de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside Grau, apuntaron hacia él como máximo responsable de los contratos en su declaración como testigos ante el juez Castro. Grau aseguró que Turismo Valencia contrató con Nóos porque le parecía "una propuesta razonable" y que iba a traer a personalidades relevantes a la ciudad.
elpaís
“El anillo ciclista interior es más simbólico que efectivo pero ayuda”
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| de levante |
Fernando Mafé, técnico sociocultural y diseñador gráfico, es activista de Valencia en bici y desde este colectivo reclama una estrategia seria para sacar coches del centro de la capital y potenciar los dos pedales. Dice que la red ciclista de la capital es un revoltijo de tramos.
Pregunta. Valencia tiene fama de ser una ciudad tomada por los coches. ¿Coincide?
Respuesta. Los es, es una pena. Es necesario un reparto modal más equitativo porque todos saldríamos ganando. De nada sirve tener la calle llena de coches porque estamos en un atasco permanente, cabreados y buscando desesperados un sitio donde aparcar. En cambio, si el reparto es equitativo [con otros modos de transporte], quien se vea obligado a coger un coche, circulará mejor. No lo digo yo, lo dicen prestigiosos urbanistas. Podemos llamarlo ciudad 30, ciudad calmada o pacificación del tráfico pero de lo que se trata es de sacar coches de los cascos urbanos.
P. El Gobierno de Rita Barberá hará por fin un anillo ciclista en la ronda interior y creará 15 nuevos kilómetros de carriles bici. Eso es ¿mucho, poco...?
R. Tienen un carácter más simbólico que efectivo pero no dejan por ello de tener valor. El ayuntamiento le dice a la comunidad ciclista que ha pensado en ellos. Además del golpe de efecto, tiene cierta utilidad y la tendrá en un futuro si esa es la política que se seguirá indistintamente de quien esté en el gobierno.
P. ¿Dónde son necesarios nuevos carriles bici?
R. No hacen falta en todos los sitios. Sería absurdo en un barrio como Russafa, El Carme o infinidad de calles pequeñas. No se puede ni se debe. Sin embargo, cuando un ciclista tiene que circular por las avenidas de Pérez Galdós, Peset Aleixandre o Cardenal Benlloch se la juega. Que pongan un carril bici entre la avenida del Cid y el centro o construyan un anillo ciclista en la ronda interior es simbólico pero ayuda. Entre los usuarios hay opiniones diferentes; hay a quienes les parece bien y a los que no. Pero esa presencia simbólica debe continuar en el resto de avenidas y también en las grandes vías de Valencia.
P. Los grupos políticos de la oposición se quejan de que la red ciclista de Valencia está deslabazada. ¿Exageran?
R. No, no es homogénea. Cada tramo está hecho de un material, tienen anchuras diferentes; unos discurren por la acera y otro por la calzada, unos están pintados y otros no. Es como si cogieras los restos de todos los paquetes de pasta que tienes en la despensa de casa y los juntases; así es el carril bici de Valencia, desordenado. Y no siempre es por una cuestión técnica sino por la falta de estrategia.
más en elpaís
Pregunta. Valencia tiene fama de ser una ciudad tomada por los coches. ¿Coincide?
Respuesta. Los es, es una pena. Es necesario un reparto modal más equitativo porque todos saldríamos ganando. De nada sirve tener la calle llena de coches porque estamos en un atasco permanente, cabreados y buscando desesperados un sitio donde aparcar. En cambio, si el reparto es equitativo [con otros modos de transporte], quien se vea obligado a coger un coche, circulará mejor. No lo digo yo, lo dicen prestigiosos urbanistas. Podemos llamarlo ciudad 30, ciudad calmada o pacificación del tráfico pero de lo que se trata es de sacar coches de los cascos urbanos.
P. El Gobierno de Rita Barberá hará por fin un anillo ciclista en la ronda interior y creará 15 nuevos kilómetros de carriles bici. Eso es ¿mucho, poco...?
R. Tienen un carácter más simbólico que efectivo pero no dejan por ello de tener valor. El ayuntamiento le dice a la comunidad ciclista que ha pensado en ellos. Además del golpe de efecto, tiene cierta utilidad y la tendrá en un futuro si esa es la política que se seguirá indistintamente de quien esté en el gobierno.
P. ¿Dónde son necesarios nuevos carriles bici?
R. No hacen falta en todos los sitios. Sería absurdo en un barrio como Russafa, El Carme o infinidad de calles pequeñas. No se puede ni se debe. Sin embargo, cuando un ciclista tiene que circular por las avenidas de Pérez Galdós, Peset Aleixandre o Cardenal Benlloch se la juega. Que pongan un carril bici entre la avenida del Cid y el centro o construyan un anillo ciclista en la ronda interior es simbólico pero ayuda. Entre los usuarios hay opiniones diferentes; hay a quienes les parece bien y a los que no. Pero esa presencia simbólica debe continuar en el resto de avenidas y también en las grandes vías de Valencia.
P. Los grupos políticos de la oposición se quejan de que la red ciclista de Valencia está deslabazada. ¿Exageran?
R. No, no es homogénea. Cada tramo está hecho de un material, tienen anchuras diferentes; unos discurren por la acera y otro por la calzada, unos están pintados y otros no. Es como si cogieras los restos de todos los paquetes de pasta que tienes en la despensa de casa y los juntases; así es el carril bici de Valencia, desordenado. Y no siempre es por una cuestión técnica sino por la falta de estrategia.
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La ciudad que nos dejan: Pugna en la frontera del puerto y la ciudad
Encauzamiento de la desembocadura Caudal máximo: 280 m3/h Puerto de Valencia (Muelle Príncipe Felipe) Parque Mar Azul Puente de Astilleros Benimar NAZARET Fabrica de Moyresa, en proceso de derribo Terrenos de transición entre el puerto y la ciudad Un río que acaba en una rotonda. La desembocadura del viejo cauce, llamada a ser un parque urbano que una el Jardín del Turia con el frente marítimo, es a día de hoy una gran alcantarilla que muere en una rotonda. Puerto y ciudad debaten ahora la ordenación y la mejora ambiental del castigado borde urbano de Natzaret.
La desembocadura del viejo cauce del Turia, llamada a ser un gran parque urbano que conecte el Jardín del Turia con el frente marítimo de Valencia, es actualmente una cloaca donde se acumulan aguas fecales y vertidos de distinta procedencia y cuyos malos oloros sufren desde hace décadas los vecinos de Natzaret. La descontaminación y mejora ambiental del final del antiguo cauce es uno de los puntos a resolver dentro de la negociación entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto para la reordenación de sus fronteras.
Además de la mejora ambiental de la desembocadura, el convenio de 1986 que ahora renegocian la APV y el ayuntamiento fijaba otras medidas para el barrio de Natzaret en compensación por la destrucción de su playa como la creación de zonas verdes y el alejamiento del tráfico portuario, que no se han ejecutado. Natzaret ha sido sin duda el barrio más castigado por la expansión del recinto comercial, que creció sobre su playa y luego sobre la huerta de la Punta.
El ayuntamiento exige en la revisión del PGOU ahora en támite que se mantengan los acuerdos para las zonas verdes del convenio, sin embargo, el puerto tiene nuevos planes para la franja de 183.000 m2 situados entre el puerto y Natzaret, donde se incluye la fábrica Moyresa, en proceso de desmantelamiento, y los terrenos de Benimar y el antiguo balneario Marazul, que se iban a destinar a espacios verdes y que ahora el puerto quiere ocupar parcialmente con nuevos viales, cinco rotondas y un puente elevado.
El puerto ya ha fijado posiciones en la delimitación de espacios portuarios (DEUP), donde define las nuevas fronteras del recinto y que ya ha sido aprobada por el Ministerio de Fomento. El ayuntamiento por su parte, quiere incorporar la nueva solución del borde urbano en la revisión del PGOU. En la tramitación de la DEUP se han tenido en cuenta las alegaciones del ayuntamiento para alejar del borde urbano los nuevos viales portuarios. De los 106 metros previstos inicialmente se pasa a los 117 metros. El puerto está elaborando ahora un estudio sobre el impacto acústico que tendrá este nuevo eje viario en el barrio. También a instancias del ayuntamiento se han suavizado los usos en la pastilla de suelo ubicada en el margen derecho de la desembocadura, que se destinará a usos de interacción puerto-ciudad.
La APV asegura que la contaminación del agua del tramo final del cauce, que desde su desvío del Turia dejó de ser competencia del organismo de cuenca, no es su responsabilidad porque son aguas urbanas. Cuando en 2005 se hizo el encauzamiento del último tramo de desembocadura „sobre el cual se construyó una rotonda y explanadas para contenedores„ los colectores de antiguas acequias que vertían al río se canalizaron hasta el mar. En esta intervención se repusieron también los desagües que recogen las aguas fecales de Natzaret y que se bombean hasta la desembocadura, donde se vierten sin depurar. A la contaminación de este tramo contribuye que a la desembocadura también acaban llegando por gravedad las aguas fecales de una parte de la ciudad pendientes de canalizar hasta la depuradora de Pinedo a través del colector de l'Assut de l'Or, aún por construir.
La construcción de una depuradora en este tramo podría aliviar los problemas de malos olores y contaminación que sufren los vecinos, si bien también produciría ruidos. El puerto, que con 600 millones de euros de deuda no quiere oir hablar de inversiones fuera de sus fronteras, cree que la solución es la construcción del colector.
La única medida que se ha tomado para aliviar la situación en los últimos años fue consecuencia de la F1, cuando se instalaron unas aspas en el agua para oxigenar el cauce, que dejaron de funcionar cuando se acabó el circo de las carreras.
En relación al riesgo de inundación de Natzaret como consecuencia del encauzamiento de la desembocadura, la APV asegura que el desagüe tiene una capacidad de evacuar de 285 m3 la hora, muy por encima de lo que se les exigió cuando se hizo, y asegura que el máximo riesgo de inundación por desbordamiento está río arriba en los tramos de compentencia municipal, en concreto a la mota existente entre el puente de Astilleros y la Ciudad de las Ciencias.
levante
Además de la mejora ambiental de la desembocadura, el convenio de 1986 que ahora renegocian la APV y el ayuntamiento fijaba otras medidas para el barrio de Natzaret en compensación por la destrucción de su playa como la creación de zonas verdes y el alejamiento del tráfico portuario, que no se han ejecutado. Natzaret ha sido sin duda el barrio más castigado por la expansión del recinto comercial, que creció sobre su playa y luego sobre la huerta de la Punta.
El ayuntamiento exige en la revisión del PGOU ahora en támite que se mantengan los acuerdos para las zonas verdes del convenio, sin embargo, el puerto tiene nuevos planes para la franja de 183.000 m2 situados entre el puerto y Natzaret, donde se incluye la fábrica Moyresa, en proceso de desmantelamiento, y los terrenos de Benimar y el antiguo balneario Marazul, que se iban a destinar a espacios verdes y que ahora el puerto quiere ocupar parcialmente con nuevos viales, cinco rotondas y un puente elevado.
El puerto ya ha fijado posiciones en la delimitación de espacios portuarios (DEUP), donde define las nuevas fronteras del recinto y que ya ha sido aprobada por el Ministerio de Fomento. El ayuntamiento por su parte, quiere incorporar la nueva solución del borde urbano en la revisión del PGOU. En la tramitación de la DEUP se han tenido en cuenta las alegaciones del ayuntamiento para alejar del borde urbano los nuevos viales portuarios. De los 106 metros previstos inicialmente se pasa a los 117 metros. El puerto está elaborando ahora un estudio sobre el impacto acústico que tendrá este nuevo eje viario en el barrio. También a instancias del ayuntamiento se han suavizado los usos en la pastilla de suelo ubicada en el margen derecho de la desembocadura, que se destinará a usos de interacción puerto-ciudad.
La APV asegura que la contaminación del agua del tramo final del cauce, que desde su desvío del Turia dejó de ser competencia del organismo de cuenca, no es su responsabilidad porque son aguas urbanas. Cuando en 2005 se hizo el encauzamiento del último tramo de desembocadura „sobre el cual se construyó una rotonda y explanadas para contenedores„ los colectores de antiguas acequias que vertían al río se canalizaron hasta el mar. En esta intervención se repusieron también los desagües que recogen las aguas fecales de Natzaret y que se bombean hasta la desembocadura, donde se vierten sin depurar. A la contaminación de este tramo contribuye que a la desembocadura también acaban llegando por gravedad las aguas fecales de una parte de la ciudad pendientes de canalizar hasta la depuradora de Pinedo a través del colector de l'Assut de l'Or, aún por construir.
La construcción de una depuradora en este tramo podría aliviar los problemas de malos olores y contaminación que sufren los vecinos, si bien también produciría ruidos. El puerto, que con 600 millones de euros de deuda no quiere oir hablar de inversiones fuera de sus fronteras, cree que la solución es la construcción del colector.
La única medida que se ha tomado para aliviar la situación en los últimos años fue consecuencia de la F1, cuando se instalaron unas aspas en el agua para oxigenar el cauce, que dejaron de funcionar cuando se acabó el circo de las carreras.
En relación al riesgo de inundación de Natzaret como consecuencia del encauzamiento de la desembocadura, la APV asegura que el desagüe tiene una capacidad de evacuar de 285 m3 la hora, muy por encima de lo que se les exigió cuando se hizo, y asegura que el máximo riesgo de inundación por desbordamiento está río arriba en los tramos de compentencia municipal, en concreto a la mota existente entre el puente de Astilleros y la Ciudad de las Ciencias.
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